GERARDO
GERARDO
Quiénes somos
No somos una teoría sobre la justicia. Somos gente que ha atravesado el proceso y hoy pone esa experiencia al servicio de otros.
Fundó Gerardo tras una pérdida profundamente personal en su familia relacionada con una denuncia falsa. Es también fundadora de 6F Sector Primario, asociación de defensa de los derechos humanos de los agricultores y del campo. Dirige la visión y la voz pública de Gerardo.
El 20 de agosto de 2025, José fue detenido tras ser denunciado por su expareja, en un contexto en el que llevaba meses pidiendo la custodia compartida de su hija. Pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente se acordaron medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento que también le impidió ver a su hija.
Durante los dos meses siguientes se dedicó a reunir todo lo que pudiera acreditar lo ocurrido — conversaciones, llamadas, pruebas — y las presentó. También denunció amenazas graves que él mismo había recibido, de las que conservaba pruebas.
Solicitó la revisión de las medidas cautelares respecto a su hija. La jueza admitió la petición con rapidez, pero el trámite por Fiscalía alargó el proceso varios meses más. A finales de febrero, tras siete meses sin poder verla, recuperó el régimen de visitas establecido en el convenio.
El procedimiento aún no ha terminado — sigue esperando la celebración del juicio, sin fecha todavía. Pero ya ha conseguido lo que más le importaba: volver a estar con su hija.
Empezó a contar su historia en redes sociales al descubrir que no era el único. Hoy aporta a Gerardo la mirada de quien ha atravesado el proceso completo y sabe, de primera mano, dónde falla el sistema para quien no tiene a quién acudir.
Además de este proceso, José tuvo con anterioridad otro procedimiento judicial derivado de un conflicto personal ajeno a su expareja y a sus hijas, resuelto mediante conformidad.
Al descubrir que existía un embarazo que le habían ocultado, fue él quien acudió a los tribunales para ser reconocido como padre. Su hijo contaba ya con un expediente de riesgo por la situación de la madre, seguido por la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència).
Cuando empezó a impulsar los procedimientos para proteger a su hijo, comenzaron las denuncias en su contra. Según consta en los propios autos, coincidían siempre con sus gestiones por la custodia — incluida una denuncia por violencia de género presentada al conocer que se había casado y rehecho su vida junto a Tatiana. Las tres denuncias fueron, todas y cada una de ellas, archivadas — dejándolo libre de cualquier acusación.
A finales de 2025, Marc obtuvo él mismo una orden de protección — concedida tras valoración judicial de indicios objetivos. En todo el historial del caso, es la única medida de protección efectivamente concedida. Y es a su favor.
Lidera el crecimiento, la presencia digital y la estrategia de la asociación junto a Tatiana.
Graduada en Diseño Gráfico. Es la esposa de Marc, y vivió desde dentro todo lo que supone acompañar a un hombre denunciado falsamente: el protocolo desde el primer momento, el trato recibido en el juicio rápido, y cómo la denuncia terminó archivándose en la primera vista, sin ninguna consecuencia para quien denunció.
Esos años de acompañar de cerca cada etapa del proceso son, precisamente, lo que la trajo a Gerardo. Tiene hermanos, padre, y espera a su primer hijo — y quiere que ninguno de ellos tenga que enfrentarse algún día a lo que ella vio de cerca.
Deportista, trabajadora y entregada por completo a todo lo que hace, es la responsable de que el mensaje de la asociación llegue a quien más lo necesita, cuidando cada detalle de comunicación y diseño con el mismo compromiso con el que ha acompañado esta causa desde el principio.
Mujer trans, de Ceuta, y policía en activo. Perita judicial y asesora judicial, con más de 25 años de formación profesional. Formadora de formadores en materias jurídicas y policiales, especialista en la Ley Integral de Violencia de Género (formación certificada por el Ministerio de Igualdad) y en la Ley 4/23 (Ley Trans). Actualmente finalizando la carrera de Derecho.
Vivió su transición de forma reservada durante años, no por vergüenza, sino por lo que ella describe como supervivencia profesional dentro de un cuerpo policial. Su expareja lo supo desde el inicio de la relación, en 2012, y así consta en informes psicológicos desde ese mismo año.
Se separó a finales de 2023 y pidió la custodia compartida de sus hijos. Por delicadeza hacia ellos, aplazó la salida de su expareja de la vivienda hasta después de las fiestas. Cuando finalmente se produjo la entrega, en enero de 2024, ella misma sufrió lesiones que un médico de urgencias certificó al día siguiente — lesiones que decidió no denunciar en aquel momento, para no dañar más a la familia.
Días después, su expareja presentó una denuncia por un desacuerdo sobre la entrega de enseres. Según relata Ángela, el caso se derivó a un juzgado especializado en violencia de género sin verificar que ambas eran mujeres, y el procedimiento avanzó sin que a ella se le notificara ni pudiera defenderse.
El 7 de febrero de 2024, con partes médicos, vídeos, audios y testigos, denunció ella también. Al día siguiente, ya como investigada, su expareja presentó lo que Ángela describe como una denuncia reactiva por hechos que, según afirma, nunca antes habían constado en ningún sitio.
Pese a su condición legal de mujer, acreditada desde 2012, la valoración policial de riesgo la clasificó como "hombre agresor". Días después fue ingresada en prisión preventiva — sin antecedentes, sin hechos acreditados — con orden de alejamiento que incluía a sus propios hijos. Permaneció once meses en prisión preventiva; según relata, nueve de ellos en un módulo de hombres, pese a haberlo denunciado desde el primer día.
Desde su ingreso en prisión, en febrero de 2024, ha pasado más de treinta meses sin poder ver ni hablar con sus hijos.
Salió en libertad en enero de 2025, tras agotar recursos, con pulsera telemática y con secuelas físicas y psicológicas que describe como documentadas. Perdió su puesto operativo como policía. El proceso judicial sigue abierto — con recursos pendientes sobre la propia competencia del juzgado — y Ángela continúa reclamando que se investigue tanto lo ocurrido con ella como la situación de sus hijos.
No pide venganza. Pide que se investigue lo sucedido, y que ninguna otra persona trans en un cuerpo policial tenga que ver su identidad legal utilizada en su contra dentro de un procedimiento.
Es también la autora de los artículos y análisis jurídicos publicados en el Centro de Recursos de la asociación. Mientras concluye sus estudios, ofrece asesoramiento legal gratuito y se prepara para ejercer formalmente como abogada de Gerardo.